Liliana Castañeda
Morales
Estudiante Maestría en
Urbanismo- Universidad Nacional
Organización
Colombiana de Estudiantes
Hoy
2 de mayo se llevó a cabo un debate organizado por la Universidad Nacional
sobre la renovación urbana del Centro Administrativo Nacional, CAN. El espacio
de discusión contó con la participación de Andrés Escobar, gerente de la
Empresa Nacional de Renovación Urbana Virgilio Barco Vargas, Gerardo Ardila,
Secretario de Planeación Distrital y profesor de la UN, Martha Triana, edil de
la localidad de Teusaquillo, Rodrigo Cortés, Decano de la Facultad de Artes y
Alonso Correa, representante docente. En la agenda oficial del evento no fue
incluido un punto de expresión para el estamento estudiantil, que por fortuna
supo interrumpir el orden del día y solicitar la palabra que le fue tácitamente
negada en este debate. La intervención de Inti Mesías, representante de la sede
Bogotá, y Cristian Hurtado, representante de pregrado ante el Consejo
Académico, versó sobre dos puntos fundamentales para abordar la complejidad de
la situación que ahora enfrenta la sede Bogotá, sin duda reflejo de la crisis
de la educación pública colombiana, sobre los que es pertinente profundizar.
La
interlocución de los gobiernos nacional y distrital con la UN en el marco del
proyecto urbano más grande de la historia de Bogotá y seguramente del país
tiene serios vicios de forma, pero también de fondo. De forma porque los
debates y socializaciones sobre el contenido y opciones que tiene la
Universidad, así como las negociaciones entre directivas y gobiernos distrital
y nacional no se han dado de manera oportuna, pública ni de cara a la comunidad
universitaria, a la ciudad o a la sociedad colombiana. A pesar de que ya han
adelantado negociaciones con las autoridades competentes, el común denominador
de los pronunciamientos de los dos últimos rectores es el pasmoso silencio
guardado por la anterior administración y cuidadosamente sostenido por la actual
al momento de pronunciarse sobre la amenaza directa a los predios del edificio
Uriel Gutiérrez, la unidad Camilo Torres y el Hospital Santa Rosa, que hacen
parte integral del campus de la sede Bogotá. Por otra parte, no ha habido mayor
iniciativa de conectar este debate, que es del orden nacional, al grueso de la
comunidad universitaria, que sigue informándose y participando del tema de
manera paralela. Se hace evidente la monumental antidemocracia reinante en el
centro de pensamiento más importante de Colombia. Es preocupante que el último
pronunciamiento de las actuales rectoría y vicerrectoría de sede[1]
descalifique a aquellos miembros de la comunidad universitaria que hemos hecho
estudio y seguimiento juicioso del tema con el fin de emitir juicios informados.
Son sus declaraciones y no las nuestras las que “desorientan y desinforman”.
Los
problemas de fondo ofrecen un panorama más complejo. La renovación de este
corredor de ubicación estratégica entre el aeropuerto internacional El Dorado y
el centro histórico de la ciudad tiene
hasta ahora intención de privilegiar los intereses del mercado inmobiliario
sobre la misma función social de las entidades afectadas, en un proyecto urbano
al que se le garantizarían 900 mil metros cuadrados de superficie, para
completar un millón 600 mil metros cuadrados de potencial urbanizable en una
altura promedio de 13 pisos, según palabras del mismo Andrés Escobar. El área
del proyecto concentra equipamientos del orden nacional y distrital que
incluyen la Escuela Superior de Administración Púbica, ESAP, y la Universidad
Nacional.
Lo realmente problemático del asunto es que de
ese potencial, la Universidad aportaría el 15% de los predios bajo la figura de
participación en un fideicomiso, en el mejor de los casos, o de la expropiación
vía judicial o administrativa, si llega a ser necesario.[2]
Escobar nos pone en la penosa situación de escoger entre “hacer la vaca”, como
él mismo lo expresa, y empezar a saldar la crisis financiera de la Universidad
con partes del campus, asumiendo la labor de saneamiento que corresponde única
y exclusivamente al Estado; o ser expropiados recibiendo indemnizaciones
pírricas por el despojo de los predios con mayor potencial de valorización y de
extracción de plusvalías de la ciudad entera.
Edificabilidad permitida propuesta
por Modificación POT. Fuente: SDP 2013.
La
única talanquera normativa que encuentra este lesivo proyecto de Asociación
Público-Privada es la normatividad vigente del POT, que limita el uso del suelo
y la edificabilidad permitida en toda el área el proyecto. En ese sentido el
gobierno de Gustavo Petro se encuentra completamente alineado con las
directrices de Juan Manuel Santos, y como producto de esa negociación de tipo
político se incluye en la Modificación
Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial la transformación del uso del
suelo de dotacional a área económica intensiva, liberando a su vez la normativa
de edificabilidad de los actuales 10 pisos a 21 pisos para oficinas o 27 para
vivienda. La flexibilización de las normas de usos y edificabilidad[3]
del suelo en esta zona de gran peso histórico, simbólico e institucional de la
ciudad pone en peligro la elemental idea de que los terrenos de las
instituciones educativas son para desarrollo de sus fines misionales y no para
construir hoteles entre las facultades, como citó muy animadamente el señor
Secretario de Planeación Distrital. A él
habría que preguntarle por qué el gobierno distrital insiste en no
expedir desarrollos normativos que hagan justicia a la particularidad y la
envergadura del proyecto, dejando el área a merced de los apetitos de la
especulación inmobiliaria. El área del proyecto tiene un potencial económico
incomparable con el del resto de la ciudad, y dado que es una oportunidad de
desarrollo urbano única, a esta administración corresponde asegurarse de que la
ciudad obtenga plusvalías proporcionales.
Usos del suelo propuestos por
Modificación POT. Fuente: SDP 2013.
La
Universidad Nacional de Colombia atraviesa la crisis más profunda de toda su
historia por cuenta de las políticas de
progresivo ahogo financiero implementadas con la Ley 30 de 1992, siempre
acompañadas del desdén de los gobiernos de antes y de ahora por el futuro del
sector educativo, motor fundamental del desarrollo nacional. Es el mismo
contexto de crisis que explica los graves problemas de infraestructura que
sufre con mayor intensidad la sede Bogotá, y a los que los gobiernos distrital
y nacional responden con “vacas” y “hoteles” en lugar de ofrecer soluciones
financieras sostenibles, que permitan asegurar una educación nacional,
científica y democrática para las y los colombianos. Hoy fue radicado el
borrador de modificación al POT en el Concejo de Bogotá, y a partir de ahora el
cabildo tiene 90 días para discutirlo y votarlo. Nuestra lucha en defensa de la
educación pública ha de intensificarse aun más en estos 90 días para hacer
valer con la fuerza de los argumentos y la movilización esa consigna que
circula por todos los salones y corredor del campus de la Universidad.: ¡Ni se
toca ni se vende. La UN se defiende!
[1] Comunicado del rector de
la Universidad Nacional de Colombia y el vicerrector de la sede Bogotá. Abril
29 de 2013.
[2]
El artículo 61 de la Ley 1537 de 2012 da facultades a la Empresa Nacional de
Renovación Urbana Virgilio Barco Vargas para enajenar o expropiar predios
involucrados en procesos de renovación urbana constituidos como “obras motivo
de utilidad pública”
[3]
La edificabilidad es resultante cuando es producto de la correcta aplicación de los índices de
ocupación y de construcción; lo que significa que se liberan las alturas
permitidas al proyecto, sin tener en cuenta los impactos al paisaje o la
estructura ecológica principal de la ciudad.
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