Sergio Fernández
Vocero Nacional de la Mesa Amplia
Nacional Estudiantil - MANE
El movimiento estudiantil
colombiano en cabeza de la MANE ha exigido al Gobierno Nacional que inyecte un
billón de pesos más a las bases presupuestales de las 32 universidades públicas
del país para el año 2013, exigencia que tiene sustento en la evidente crisis
financiera que las agobia por cuenta de la desidia que frente a la financiación
de la oferta educativa pública ha caracterizado a los últimos gobiernos. La
MANE ha señalado que la educación tiene una estructura de costos crecientes con
una dinámica exponencial[1],
es decir, a cada estudiante nuevo así como a cada nivel de complejidad mayor en
la educación le corresponden costos cada vez más altos, pues la producción de
conocimiento y la educación de alta calidad exigen progresivamente más
preparación por parte de los docentes, mejor infraestructura, laboratorios, herramientas tecnológicas… etc., componentes
que elevan el monto de los recursos requeridos por las universidades. Esta
tesis planteada por la MANE y ampliamente apoyada se opone a la política
neoliberal agenciada desde el Gobierno de Juan Manuel Santos, en el que ha
hecho carrera la tesis de hacer cada vez más con menos recursos, razón por la
cual las asignaciones presupuestales que año a año realiza el Gobierno Nacional
distan bastante de las que en realidad requieren las universidades públicas.
La posición de la MANE es
ampliamente compartida en la academia[2]
y respaldada por múltiples sectores de la vida democrática nacional, y
constituye un axioma para el análisis y la formulación de alternativas respecto
a la financiación de la educación superior en el mundo. Recientemente un
estudio sobre la financiación de la educación superior realizado por el Sistema
Universitario Estatal SUE estimó en más de 11 billones de pesos los recursos
requeridos por las universidades
públicas para cubrir los costos en los que deberían incurrir a fin de garantizar
educación de calidad y los desagregó así: $665.724.250.879 costaría garantizar el 70% de profesores de
planta (19.215) y el 100% de administrativos (15.199); más de 2 billones se
requieren para aumentar a un 30% los profesores con formación doctoral llegando
a 7.913; 7.2 billones de pesos se requiere en inversiones de infraestructura
para garantizar, entre otros, el sostenimiento de los edificios patrimoniales,
la adecuación en normas de sismo resistencia y el adecuamiento de los espacios
para garantizar el acceso a personas en situación de discapacidad; más de 300
mil millones de pesos para tecnologías de la información y la comunicación; 218
mil millones de pesos para el aseguramiento del bienestar universitario; 153
mil millones de pesos para nuevos equipos, bases de datos y aulas audiovisuales
y finalmente 406 mil millones de pesos para gastos administrativos incluidos
los costos de acreditación y calidad, vigilancia, servicios públicos, entre
otros.
Evidentemente la exigencia hecha
por parte de la MANE al Gobierno de inyectar un billón de pesos más a la base
presupuestal de las universidades públicas para el año 2013 es insuficiente si
se tiene en cuenta que un billón de pesos constituye menos del 10% de lo estimado
por el SUE en su estudio, no obstante, representaría un salvavidas que
permitiría mantener a flote a las universidades mientras se establece un
mecanismo que garantice su plena financiación. La exigencia de la MANE se basa
en las necesidades reales de las universidades colombianas, que no solo han
sido desconocidas por completo en la propuesta de presupuesto general de la
nación para el año 2013, sino que además han sido tratadas por los funcionarios
del Gobierno con tal desidia que ronda los límites de la mezquindad. Al
respecto, solo basta reseñar las desafortunadas declaraciones del Ministro de
Hacienda Mauricio Cárdenas tras conocerse la noticia de que para el año 2013 el
Gobierno asignará tan solo $100.000 millones de pesos para las 32 Universidades
Públicas, Cárdenas sin sonrojo alguno señaló: “Con estos recursos nosotros podríamos, alternativamente, si no se lo
damos a las universidades (…) darle 100.000 ancianos indigentes del país, de
nivel 1 y 2 del Sisben, una mesada de $62.500 (…) Esperamos que los estudiantes
y los rectores lo valoren"[3].
Queda claro que el Ministro
Cárdenas no es precisamente un demócrata, ni un defensor de los derechos
sociales, como no lo es tampoco el talante de este Gobierno que afirma que es
imposible cumplir con la exigencia hecha por la MANE y respaldada por las
amplias mayorías democráticas del país de asignar un billón más para la
universidad pública. Pues bien, sea esta la ocasión para dejar claro que si se
trata de un asunto de escases de recursos, la actitud cicatera del Gobierno
Santos hacia la universidad pública contrasta radicalmente con la generosidad
que se tiene –por ejemplo- respecto a las multinacionales del sector minero
energético en el país, que gozan de exenciones tributarias por alrededor de 10
billones de pesos al año, solamente en 2010 este sector que debió pagar 15,3
billones en impuestos pagó tan solo 5,6 billones, y los otros 9,7 billones
fueron exenciones tributarias, en resumen como lo denunció el profesor
Guillermo Rudas “Les estamos pagando para
que se lleven la riqueza colombiana”[4]
mientras las universidades públicas se hunden en la peor crisis de su historia.
Ministro Cárdenas, permítame preguntarle ¿Por qué el Gobierno no esgrime estos
argumentos cicateros ante la BHP Billington en el contrato de Cerromatoso? ¿Por
qué no se esgrime el argumento de las necesidades del pueblo colombiano ante el
capital financiero al que en el 2013 se le asignarán 47 billones de pesos de
los impuestos de las familias colombianas por cuenta del pago de la deuda
pública?
Los recursos adicionales por los
cuales saca pecho el Ministro Mauricio Cárdenas y la Ministra María Fernanda
Campo, en realidad constituyen menos del 1% de los recursos requeridos por el
Sistema Universitario Estatal en su estudio y dicho sea de paso, son incluso
inferiores a los entregados por el acumulado del Baloto. La postura del
Gobierno comprueba la necesidad de hacer de la movilización de masas y de la
resistencia civil y democrática nuestra garantía para defender esa universidad
pública que en Colombia existe gracias a sus estudiantes, profesores y
trabajadores y muy a pesar de Gobiernos como el de Juan Manuel Santos, de
manera que de nuevo las calles colombianas serán testigo del compromiso
ineludible que han aceptado los jóvenes colombianos con la defensa del derecho que
tienen a educarse los hijos e hijas de Colombia y quienes están por venir.
@sergiofmane.
[1] “Exposición de Motivos de una nueva Ley de
Educación Superior para un país con soberanía, democracia y paz” p. 12. http://manecolombia.blogspot.com/2012/09/version-final-de-la-exposicion-de.html
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