Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, Bogotá, 1 de Abril de 2014
El
pasado viernes 21 de marzo el Alcalde Encargado Rafael Pardo anunció, orientado
por el presidente Juan Manuel Santos, la aplicación del “Plan 75” que está
enfocado a enfrentar en 75 barrios del distrito la delincuencia común y el
microtráfico. Sin embargo, en el mismo se establece la intervención de 53
Instituciones Educativas del Distrito que hacen parte de la zona de influencia
del Plan.
Reconociendo
el problema del microtráfico en los barrios señalados por la Secretaria de
Gobierno, resulta contraproducente la intervención directa de los colegios por
parte de la Fuerza Pública, pues esta presencia transgrede el carácter
académico y de sana convivencia escolar que debe reinar en las instituciones
educativas. Al mismo tiempo genera un proceso de estigmatización hacia los
jóvenes que estudian y desarrollan sus actividades en estas zonas.
La
presencia de la Policía en estas instituciones constituye una restricción
indebida a la autonomía escolar y a las libertades democráticas tanto de los
estudiantes como de la comunidad educativa. Por el contrario, consideramos que
dicho esfuerzo debe enfocarse en las zonas establecidas y conocidas donde
predominan las dinámicas delictivas.
Esto
concuerda con una de las conclusiones del informe de Secretaria de Educación en
la encuesta de convivencia escolar “Clima escolar y victimización 2013”,
presentada el día de ayer jueves 27 de marzo, el cual señala: “La estrategia no debe ser militarizar los
colegios, o satanizarlos, por el contrario se requiere una labor coordinada de
trabajo con el comercio aledaño a los colegios, mayor inteligencia policial a
la hora de combatir el micro tráfico, pero sobre todo cambiar las estrategias
punitivas contra los adolescentes y jóvenes”[1].
Teniendo
en cuenta que los jóvenes son víctimas de la violencia y del microtráfico en
estas zonas, instamos a las autoridades para que la forma de intervención en
las instituciones educativas no sea la policiva y en su lugar se desarrolle una
Política Pública de Prevención del uso de drogas, que se reactiven los comités
de convivencia escolar y se asigne personal idóneo para tratar con los
problemas de convivencia al interior de la escuela.
Ya
se están presentando los primeros abusos ocasionados por tan errática medida. El
martes 25 de marzo, las visitas se hicieron con agentes que no pertenecían al
cuerpo de infancia y adolescencia, con quienes se adelantaron requisas, además de
no contar con el acompañamiento del ICBF, ni de la Personería de Bogotá. Se
procede de esa manera con el agravante de que la población estudiantil es, en
su gran mayoría, menor de edad razón por
la cual son titulares de una protección especial a sus derechos, según lo
enuncia la Constitución y Tratados Internacionales ratificados por Colombia.
Por
su parte, nos genera una profunda preocupación que el uso de la Fuerza Pública frenar iniciativas legítimas de los
estudiantes, quienes en los últimos años han protestado contra las política
educativas aplicadas en el Distrito, como la jornada extendida y el Grado 12,
las cuales van en detrimento de la calidad. De esta manera, la policía no debe convertirse
en un instrumento de disuasión de las iniciativas democraticas y de carácter
civilista que los estudiantes adelantan.
Finalmente,
Solicitamos al Gobierno Distrital y a la Secretaria de Educación retirar la
Policía de las instituciones educativas e implementar medidas alternativas para
la solución del problema y la generación del ambiente necesario para el proceso
educativo.
[1]
Revista Semana. “En casi el 35% de los
colegios públicos hay venta de drogas” Consultada el 27 de marzo de
2014.
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