Dos hechos de gran importancia se
conjugan al cumplirse 20 años de vigencia de la Ley 30 de 1992 - una norma
expedida para materializar las ideas del Libre Comercio en el ámbito de la
educación superior, entre ellas la privatización y mercantilización -, el primero: la crisis financiera de las
universidades públicas, las cuales hoy funcionan con un 48% de recursos
públicos y un 52% de recursos privados; y el
segundo: por primera vez en la historia de la educación pública colombiana
los estudiantes, profesores y trabajadores estamos construyendo una propuesta
de Ley para la educación superior. Dos asuntos que el gobierno quiere negar a
como dé lugar.
Con la Ley 30 se inició un proceso de desnacionalización
de la educación superior pública, entre otras consecuencias, el Estado se fue desligando de
la responsabilidad de financiar adecuadamente el funcionamiento y la inversión
de las universidades públicas. En 1993 el Estado otorgaba 85 de cada 100 pesos
para el funcionamiento e inversión de universidades, hoy 2013, solo aporta 48
pesos, los otros 52 los obtienen las universidades del cobro de matrícula (16)
y de la venta de servicios (36). Estas cifras revelan la naturaleza
privatizadora y mercantilista del modelo Ley 30.
En estos 20 años aumentó la cobertura de las
universidades de manera exponencial (256%) y se hizo más complejo el desarrollo
de la docencia, de la investigación y la extensión, demandando nuevas
tecnologías y avances en materia de infraestructura educativa, para lo cual ni
los disminuidos recursos Estatales (solo han crecido en 83%) ni los recursos
propios han sido suficientes. Tan solo por concepto de nómina docente las
universidades han tenido que responder por más de $700 mil millones, recursos
que el Estado desconoce y que representa un 30% del total de los recursos asignados
por el mismo. Los gobierno de turno en este tiempo, han incentivado la
financiación a la demanda a través del fortalecimiento del ICETEX –durante el
gobierno de Uribe recibió 700 millones de dólares para préstamos
estudiantiles-, en detrimento de la financiación a la oferta, la cual garantiza
que las universidades oferten educación de alta calidad.
Las cuentas del Sistema Universitario Estatal, SUE, establecen
que el funcionamiento y la inversión de las 32 universidades públicas a precios
de 2012, cuesta $ 18 BILLONES,
de los cuales entre aportes del Estado y recursos propios ya hay $ 7 BILLONES, faltando solo $ 11 BILLONES adicionales para garantizar: infraestructura física y
tecnológica, bienestar universitario, contratación y formación doctoral de los
docentes, entre otros. El Gobierno Nacional consecuente con las ideas del Libre
Comercio, se niega a destinar estos recursos, así quedó confirmado cuando negó
la solicitud de la Mesa Amplia Nacional
Estudiantil, MANE, de asignar $1 BILLÓN
más al presupuesto de 2013; así como la de los Rectores de aumentar en $240 mil millones. El aumento fue solo
de $ 100 mil millones.
La crisis del modelo Ley 30 es una realidad innegable
inclusive para quienes la promovieron. Frente a este panorama los estudiantes
no somos indiferentes, por el contrario, de manera decidida confrontamos la
reforma que adelantaba el Gobierno Nacional en 2011, que profundizaba la crisis
creada por la Ley 30, y cuya victoria le permitió al Movimiento Estudiantil junto
a profesores y trabajadores universitarios emprender la construcción de una
propuesta de Ley Alternativa de Educación Superior. Esta propuesta reconoce el
carácter científico, democrático y nacional de la educación, así como el
imperativo por la adecuada financiación Estatal. El borrador del articulado
será aprobado en la sesión de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en abril de
2013 en la ciudad de Medellín.
Este será un semestre para conquistar las históricas demandas
de los estudiantes, profesores y trabajadores por una educación pública,
científica y nacional. Tarea que exige un estudio minucioso de la realidad de
la universidad pública, de la propuesta de articulado para una Ley Alternativa
de Educación Superior, así como fortalecer la organización estudiantil mediante
la conformación de las Mesas Amplias Locales, por Facultades, Sedes e Institutos.
Esta generación no será inferior al reto de conquistar una educación superior
para un país con soberanía, democracia y paz.
Organización
Colombiana de Estudiantes –OCE
UNIVERSIDAD
DEL VALLE
Febrero
de 2013
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