Amaury Núñez
González
Vocero
Nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE.
A finales del año pasado se hizo público el Proceso de Transformación
Organizacional que adelantaba el equipo rectoral de la Universidad de
Antioquia. En primer lugar, se formuló sin surtir un trámite democrático que
involucrara a la comunidad educativa, pero aún más grave, apunta solo a dar respuesta
a la aguda crisis financiera que atraviesan las universidades públicas del
país. Como lo admite el documento oficial de la propuesta, su objetivo es
alcanzar “un modelo de gestión efectivo [que] optimice la utilización de los
recursos, y articule la planeación con la inversión y el gasto”, mientras
califica su misión como “la entrega de productos y servicios integrales que
responden a las necesidades de los usuarios”, excluyendo del esquema la investigación,
la docencia y la extensión como fines misionales. Fehaciente afirmación si
se tiene en cuenta que en la universidad más importante de Antioquia el
conjunto de rentas propias y recursos de capital ya aportan el 46% de los
ingresos, cuya racionalización se traduce en que, por ejemplo, de 6.284 profesores,
solo 1.324 son de planta, mientras que 4.960 son de cátedra y ocasionales.
La estructura formal que asumiría la nueva organización (Mapa Operativo
de Procesos, MOP), al contrario de las aplicadas por otras universidades
públicas, se plantea de una manera absolutamente corporativa. Mientras la
Universidad Industrial de Santander y la Universidad Nacional sede Medellín se
organizan con fundamento en la satisfacción de las necesidades de generación,
transferencia y desarrollo social basado en la ciencia, la tecnología y la
cultura, siendo la investigación, la docencia y la extensión el eje de este
proceso, la propuesta de la UdeA no las considera. Para aclararlo, veamos el
contenido de la propuesta: la ecuación comienza en el ámbito del entorno socio-económico
(modelo económico, Estado y sociedad) sobre el cual los socios de valor
(accionistas, empleados, inversionistas e instituciones aliadas) se relacionarán
con los usuarios, que no son otros que los “beneficiarios de los productos o
servicios”. Entre estos últimos tampoco habría intermediación alguna si llegara
a aprobarse, dejándola a merced del sector privado. Ver comparativo.
Organizar los principios, medios y fines de una universidad pública
generando absoluta correspondencia entre estos es un propósito plausible si se
encamina a posibilitar mayores aportes a la sociedad en el ámbito científico,
cultural y tecnológico. Pero cuando los gobiernos recientes, empapados de
neoliberalismo hasta la coronilla, han desfinanciado a la universidad hasta
quebrarla, la convierten en instrumento de lucro del sector privado. Peor que
el ánimo de lucro que en forma descarada quisieron imponer Santos y su Unidad
Nacional hace año y medio es el que entra por la puerta trasera. Ya decía el
magnate y empresario de la educación con ánimo de lucro, Michael Clifford, que
lo único que puede aportar el modelo corporativo a la universidad son tres
cosas: dinero, administración y marketing.
Después de una fuerte movilización que duró cerca de cuatro semanas
hábiles, el día viernes 18 de enero fue suspendida parcialmente la reforma.
Esto debido a que la Asociación de Profesores hizo aprobar un calendario para
su discusión, que definirá a pulso de argumentos y de fuerza qué regirá
organizativamente la universidad más antigua de Colombia. Sobre el tapete hay
dos modelos contrapuestos: el privatizador y corporativo de Juan Manuel Santos o el nacional y democrático del movimiento universitario.
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