Sergio
Fernández
Vocero Nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil - MANE
En Colombia, según el Ministerio de Educación, solo 40 de cada cien
jóvenes ingresan al sistema de educación superior. Sin embargo, esta cifra es
producto de un truco derivado de incluir dentro de la matrícula de pregrado a
321.961 estudiantes del SENA, institución que no hace parte del sistema de
educación superior, de manera que sin los cupos sumados por el SENA, la cifra
total de cobertura se reduce a cerca del 32%.[1] En todo
caso, si en gracia de discusión aceptamos que la cobertura real de la educación
superior no es de 32 jóvenes por cada cien, sino de 40 por cada cien, tendremos
que decir que de estos apenas 30 logran entrar a una universidad, 15 ingresan a
una universidad privada y 15 más logran acceder a la universidad pública.[2] Al final
solo la mitad de los estudiantes universitarios logra culminar su carrera
universitaria[3],
para finalmente enfrentarse a un panorama laboral en el que el desempleo y el
subempleo arropan al 70% de la población económicamente activa, castigando fuertemente
a los jóvenes, que representan el 20% de los desempleados.[4]
Un amigo me comentaba alguna vez que con algo de sentido común se puede
hacer de la estadística la manera más honesta de decir mentiras, a tal punto
que si él tuviese dos carros y yo no tuviese ninguno, en promedio ambos
tendríamos uno. Hay trucos de trucos. Lo cierto es que las cifras hoy retratan
una realidad tan cruda para los jóvenes que no puede ocultarse ni siquiera por las
maniobras del Gobierno, con todo y sus esfuerzos por estirar los guarismos y
torturar las cifras hasta que estas digan lo que Santos quiere escuchar. Al
final, la realidad es una sola, independientemente de cómo la queramos
interpretar, y la realidad es que los Gobiernos neoliberales, desde César
Gaviria hasta Juan Manuel Santos, han tenido como blanco de sus políticas a la
juventud colombiana, negándole cada uno de sus derechos, desde el trabajo y la
pensión hasta la salud y la educación, arrojando a los jóvenes a situaciones
extremas en donde cada vez tienen menos que perder.
La
fachada de la Universidad Nacional de Colombia es prueba inefable de la desidia
gubernamental hacia la educación pública. Basta señalar que en su sede de
Bogotá, el 56% de los edificios, 198.800 m2, requiere reforzamiento
estructural de manera inmediata, pues presenta un riesgo de vulnerabilidad alto, mientras que otros 15.450 m2
se encuentran en amenaza de ruina,
entre ellos, triste paradoja, el edificio de arquitectura. Situación aún peor padece
la Universidad del Atlántico, hoy bajo el régimen de la Ley 550 o Ley de
Quiebras y cuyo presupuesto para 2012 es de $168.043.892.024 millones de pesos, de los cuales
destina $84.320.122.866 millones a funcionamiento, $57.054.723.370 millones a
concurrencia en el pago del pasivo pensional, $23.576.577.242 millones al pago
de deudas por cuenta de la Ley 550 y tan solo $4.748.554.183 millones a
inversión. Existen 32 universidades públicas, cada una con problemas semejantes
a los antes reseñados, como la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, ad
portas de perder su sede principal y sin posibilidad financiera para hacerse a
una sede propia que brinde garantías a la comunidad universitaria. Cada
universidad pública tiene una tragedia que contar, pero cada una de ellas está decidida
a no desaparecer y a exigir financiación estatal adecuada, comprendiendo que
durante muchos años han existido, muy a pesar de los Gobiernos y gracias a la
movilización decidida de sus estudiantes, profesores y trabajadores.
Hace
pocas semanas la bancada del Polo Democrático Alternativo convocó a la ministra
de Educación María Fernanda Campo a una audiencia pública en el Congreso de la
República para debatir cara a cara con la MANE estas y otras verdades. Allí la
ministra dejó en claro que la posición del Gobierno frente a la educación
superior no ha variado y que su política es la misma que propuso al país el año
pasado, hecho que no sorprende. No obstante, durante cada una de las respuestas
y réplicas de la ministra Campo brillaron por su ausencia las alusiones a la
inocultable crisis de la universidad pública, e incluso sorprendió a los más
desprevenidos la afirmación de la ministra de que las universidades no solo no
están en crisis, sino que cuentan con recursos de sobra. Al final, la Ministra
negó las cifras del Ministerio de Educación que señalan que en la última década
los aportes estatales para educación superior han girado alrededor del 1% del
PIB, con el agravante de que los recursos para el incentivo a la demanda una
década antes representaban el 40% del total, mientras los destinados al
financiamiento directo de las Instituciones de Educación Superior representaban
el 60%, situación que una década después se ha invertido evidenciando de nuevo
que la tendencia en materia educativa consiste en desfinanciar la Universidad
Pública y privilegiar mecanismos como el crédito educativo.
Tanto es
el empeño del Gobierno en engañar, que tras ser desnudado ante los argumentos
incontrovertibles de la realidad, ha continuado caminando desnudo y sonriendo,
tal como el personaje del cuento de Hans Christian Andersen, aquel rey que
caminaba lustroso con su inexistente traje invisible mientras su séquito de
consejeros palaciegos coreaba a una sola voz halagos y lisonjas aupando el
engaño del que eran conscientes, hasta que la voz de un niño gritó “¡Pero si no
lleva nada! El rey está desnudo”, dando licencia a todo el pueblo para gritar
lo mismo: aquella verdad inocultable que Santos y su ministra aún pretenden
ocultar. Sabemos que la mentira dura hasta cuando se le permite y que cada vez
son más los colombianos que deciden no hacer parte del engaño. De ello da
cuenta el proceso de construcción democrático de la nueva ley de educación superior
que ha encabezado la MANE y que será defendido con las movilizaciones
incontenibles que están por venir.
[1] V. M. GOMEZ. “Falsos positivos
en la educación superior. Sin las matrículas de programas SENA se desinflan la
tasa de cobertura, el crecimiento de la educación técnica y tecnológica, y las
metas de cobertura de la ‘Prosperidad para todos” Grupo de Estudios de
Educación Media y Superior. Departamento de Sociología Universidad Nacional de
Colombia, agosto de 2012.
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