Representante Estudiantil Departamento de Ciencia
Política.
Universidad Nacional de
Colombia sede Medellín.
A propósito
del proyecto de ley 073 de 2012 “Por el cual se reglamenta la Tarjeta
Profesional del Politólogo y se dictan otras disposiciones” vemos la necesidad
de ampliar el abanico de opiniones existentes de cara al mismo, que entre
encuentros, polémicas y rupturas, vislumbra la vigencia de una discusión jamás
agotada, en lo concerniente a la institucionalización disciplinaria de la
Ciencia Política en Colombia.
Representantes
sobresalientes de la comunidad académica colombiana, en particular aquellos de
evidente cercanía con la disciplina, coinciden en señalar que esta iniciativa
ostenta cuatro defectos inocultables: su procedencia, su forma y su contenido, e
incluso, producto de esa lógica, su alcance.
David
Altman (2005, Pág.2) Cientista Político chileno, a juzgar por el nivel
deficiente de institucionalización disciplinaria de la Ciencia Política en
Latinoamérica, referencia una serie de criterios empleados en su evaluación,
entre los cuales destaca la cantidad de programas académicos en los tres
niveles universitarios, la existencia de programas de investigación científica
politológica de calidad, la vinculación laboral de los profesionales de la
Ciencia Política, la existencia de políticas publicas de educación superior que
fomenten tanto la investigación como el desarrollo de programas académicos en
Ciencia Política, entre otros. Es en ese mismo orden de ideas que Gabriel
Murillo Castaño y Elisabeth Ungar Bleier, ambos docentes del Departamento de
Ciencia Política de la Universidad de los Andes (2000, Pág. 13) habían señalado
con anterioridad, que la Ciencia Política en Colombia al igual que en el resto
de América Latina, es la mas joven de las ciencias sociales, admitiendo que su
nivel de institucionalización en la región refleja diversos problemas sobresalientes.
Entre sus
principales argumentos figuran i) el arraigo de otras disciplinas en el mundo
académico y profesional, tales como la Economía, la Sociología, la Antropología
y la Psicología, suponiendo ventajas relativas frente a la Ciencia Política
naciente; y ii) los contratiempos en el
proceso de institucionalización de la Ciencia Política tras su aparición en
Colombia, mientras que otras disciplinas de las ciencias sociales ya
legitimaban sus espacios disciplinarios.
Los
profesores concluyen con acierto que:
1.
La Ciencia Política colombiana esta en su
juventud y no cuenta con el reconocimiento pleno de la sociedad civil.
2.
No existen políticas que fiscalicen la
investigación politológica en nuestro país.[1]
3.
Y por ultimo, que asistimos a una
proliferación de programas de Ciencia Política en el país, a la sazón de dos
factores históricos determinantes, la apertura económica y la expedición de la
Carta Política del 91 (no siendo el objetivo de este escrito ahondar en los
efectos que este último aspecto trajo a la disciplina, me limitaré solo a
enunciarlo).
A pesar de
la caracterización parcial hasta ahora esbozada del contexto colombiano, podemos
aventurar la tesis, de que la deficiente institucionalización de la Ciencia
Política en nuestro país está fuertemente correlacionada con la crisis de la
educación superior colombiana.
Evidencia
de lo anterior, es la baja productividad de la investigación científica
nacional, en correspondencia con la precaria inversión (0,51% del PIB) en
Ciencia y Tecnología. Esto se expresa en los índices de solicitud de patentes y
propiedad intelectual, encabezados por Estados Unidos, Japón y Alemania con 58.000, 38.000 y 18.000 solicitudes aproximadas
por año respectivamente, mientras que Colombia se ubica en los últimos 5 lugares
con 57.[2] Incluso cifras del último informe de gestión del
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias
ilustran que en cifras porcentuales, Colombia apenas dedicaba en el año 2010 en
Investigación y Desarrollo (I+D), un 0,18% del Producto Interno Bruto, PIB,
mientras en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), empleaba un
0,48%, a su vez señalando que el Gobierno Santos ha creado falsas expectativas
frente a la suerte de la investigación en el porvenir, teniendo en cuenta que
las asignaciones fiscales quedaran a merced de la voluntad política del
Gobierno Central a través el Sistema Nacional de Regalías, sin mencionar también
que ante una eventual asignación, los recursos no irían a parar a la base
presupuestal de las universidades directamente. Esta precaria situación de
apoyo financiero a la investigación, aunada a la escasez de personal altamente
calificado en ciencia y tecnología, debilita los esfuerzos para reducir la
brecha científica y tecnológica que nos separa de los países desarrollados.
(Fuentes, 1994, pág. 114)
También es
muestra de ello, las exigencias inconsecuentes presentes en la política publica
en materia de calidad educativa,[3]
que establece unas condiciones mínimas de calidad para el otorgamiento de
registro calificado, no obstante los aportes estatales en términos financieros
sean insuficientes para las instituciones de educación superior, y en
consecuencias, estas se den a la búsqueda de recursos mediante la venta de
servicios. (Fuentes, 1994, Pág. 115)
Al
fin y al cabo hemos logrado sustentar de forma parcial y sin emplear toda la
profundidad analítica que merece este ejercicio, por ser el primero, otra
mirada de las cosas en lo que respecta a la discusión que reanima la iniciativa
legislativa 073 de 2012, en lo relativo a la situación de la Ciencia Política y
las Ciencias Sociales en Colombia, siendo nuestra ambición ultima evidenciar la
correlación entre dos problemáticas aparentemente aisladas, pero concernientes
a idénticos actores y escenarios.
Las
ciencias sociales y sus practicantes, en particular la Ciencia Política y los
politólogos, estamos llamados a acompañar y a nutrir la conciencia social en la
redefinición del patrón de desarrollo de nuestra nación.
Este no puede seguir caracterizándose por un escaso desarrollo de la base
científico-tecnológica endógena, combinada con una enseñanza superior centrada
en las carreras blandas de heterogénea calidad y orientadas hacia funciones de
integración cultural de masas. Se requiere un apoyo extraordinario con recursos
financieros y personal altamente calificado para potencializar el desarrollo
científico y técnico, para la difusión del humanismo educativo, sin el cual las
universidades se convertirían en fábricas de conciencias técnicas,
desarraigadas de su contexto humano y social. Hoy más que nunca la universidad
debe formar humanamente a las nuevas generaciones de colombianos.
Siendo
este el primero de una serie de estudios sobre el proyecto en mención, por lo
pronto dejamos constancia de nuestra oposición a tan sinuoso propósito, que
expresamente desconoce la voluntad de la comunidad académica y politológica de
Colombia, que entre muchas otras cosas, apuesta a una discusión amplia y
democrática en aras de construir, y en esa misma medida avanzar, en la
institucionalización de las Ciencias Sociales de la nación colombiana,
cimentada sobre los avances más considerables del plano mundial que, junto al
avance humanista, científico y cultural propios, extraiga parte de la salvaguarda
material que requiere el desarrollo científico, político y económico del país.
[1] Los profesores
Murillo y Ungar (2000, pág.13) señalan “que a pesar de que Colombia es un caso
excepcional en donde la entidad gubernamental para la promoción de la ciencia y
la tecnología ha financiado estudios sobre temas políticos (elecciones y
partidos principalmente), en el país no han existido recursos importantes y
sostenidos para apoyar la investigación científica politológica.”
[2] Proyecto de Plan
Global de Desarrollo 2013-2016 “Calidad
Académica y Autonomía Responsable” Ideas Rectoras. Universidad Nacional de
Colombia.
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